En 2022, el número de personas afectadas por el desplazamiento forzado superó por primera vez los 100 millones. Gran parte de la población afectada está en edad escolar: el 40% de los desplazados tiene menos de 18 años y el 13% se integra por jóvenes de entre 18 y 24 años.

Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2015, las Naciones Unidas fijaron el objetivo mundial de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entre otras metas clave de este objetivo, la ONU pide a todos los países trabajar por un acceso equitativo a una educación asequible y de calidad, incluida la educación superior, para todas las personas.

Con 259 millones de niños y jóvenes sin posibilidad de acceder a una educación y un déficit de financiación anual de 148.000 millones de dólares, aún estamos lejos de alcanzar este objetivo. De los refugiados que tienen el perfil universitario, solo el 6% tiene acceso a la educación superior, frente a más del 40% de la población no refugiada en todo el mundo.

En respuesta, ACNUR ha formulado el objetivo 15by30: para 2030, el 15% de las personas refugiadas, tanto hombres como mujeres, deberían cursar estudios superiores. 

DIME se une a la red de socios que trabajan para lograr este objetivo, pues creemos firmemente que la educación superior inclusiva en nuestra sociedad es una obligación, no una opción. A pesar de que en los últimos años se ha prestado más atención a la inclusión educativa, está claro que aún queda mucho por hacer para crear un entorno enriquecedor dentro y fuera de las universidades para todos los estudiantes y comunidades.

Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2015, las Naciones Unidas fijaron el objetivo mundial de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entre otras metas clave de este objetivo, la ONU pide a todos los países trabajar por un acceso equitativo a una educación asequible y de calidad, incluida la educación superior, para todas las personas, incluidas las más vulnerables.

Sin embargo, con 259 millones de niños y jóvenes aún sin posibilidad de acceder a una educación y un déficit de financiación anual de 148.000 millones de dólares, aún estamos lejos de alcanzar este objetivo. De los refugiados que tienen el perfil universitario, solo el 6% tiene acceso a la educación superior, frente a más del 40% de la población no refugiada en todo el mundo.

En respuesta, ACNUR ha formulado el objetivo 15by30: para 2030, el 15% de las personas refugiadas, tanto hombres como mujeres, deberían cursar estudios superiores. DIME se une a la red de socios que trabajan para lograr este objetivo porque creemos firmemente que la educación superior inclusiva en nuestra sociedad es una obligación, no una opción. A pesar de que en los últimos años se ha prestado más atención a la inclusión educativa, está claro que, aún queda mucho por hacer para crear un entorno enriquecedor dentro y fuera de la universidad para todos los estudiantes y comunidades.