En países con flujos migratorios continuos, los servicios jurídicos pro bono se han utilizado a menudo para ayudar a migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos. Estos proyectos, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México, han sido fundamentales para el acceso de esta población a la justicia y a sus derechos. 

Las personas que se encuentran en contexto de movilidad tienen una gran necesidad de servicios jurídicos gratuitos para resolver sus problemas legales y avanzar en sus procedimientos,  incluso aquellos que son relativamente sencillos, para acceder a sus derechos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados no tienen acceso a dicha asistencia.

En un contexto de creciente discriminación y xenofobia, la representación legal que aboga por la inclusión de esta población no sólo sirve para resolver asuntos legales pendientes y, de esta manera, proporcionar apoyo práctico a las personas en sus difíciles trayectos de desplazamiento, sino que también es un punto de referencia para políticas y acciones sociales más inclusivas que apoyen la diversidad y sus potenciales beneficios para la sociedad.

Se ha demostrado que la participación de los estudiantes en la prestación de servicios jurídicos a personas en contexto de movilidad ofrece una oportunidad única para que los jóvenes adquieran una valiosa experiencia profesional y aprendan directamente sobre cuestiones de inclusión social, las cuales son cada vez más importantes para las generaciones futuras. 

Al ayudar y aprender de las personas en contexto de movilidad, los estudiantes de Derecho y áreas afines pueden aplicar sus capacidades de liderazgo en situaciones humanitarias complejas. El proyecto de la Clínica Jurídica de la frontera contribuye a la formación profesional de los jóvenes, refuerza la cohesión social y crea espacios de protección, reflexión y diálogo intercultural, abonando a la preparación de futuras generaciones de profesionales.